Piden la intervención del sindicato Luz y Fuerza de Córdoba por una causa de lavado de dinero
CÓRDOBA.- Crece el escándalo por el procesamiento de la cúpula del sindicato Luz y Fuerza de Córdoba por los delitos de asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos. A la decisión del juez federal Ricardo Bustos Fierro se suma ahora el pedido del fiscal federal Carlos Casas Nóblega para que se intervenga la seccional del gremio, que -según los registros oficiales del Ministerio de Trabajo de la Nación- tiene reconocimiento de personería gremial desde 1963.
Esta semana el juez resolverá la situación. El Fiscal pide que se intervenga en función de lo establecido por la ley de asociaciones sindicales para “normalizar la situación generada por la actual cúpula directiva” con mandato hasta 2023 “en razón de los numerosos y cuantiosos hechos de defraudación a las arcas” del gremio “en beneficio personal”.
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En su presentación el Fiscal repasa que, desde 2011 a la actualidad, la cúpula del gremio junto con otros miembros del sindicato “aprovechándose de su situación del poder y las facultades que poseían sobre la administración de las cuentas bancarias y disposición de fondos de la asociación, desviaron elevadas sumas de dinero”.
La denuncia que derivó en el procesamiento fue realizada en abril de 2019 por Mario Villar y Laura Roteta, cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y se originó en un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Acusaciones contra el juez
Después del procesamiento, el secretario general Gabriel Suárez dijo que rechazan la decisión judicial porque “la pericia contable todavía no comenzó”. Y aseguró que pusieron a disposición “estructuras contables importantes para esclarecer cualquier tipo de inconveniente que se genere en base a la pericia”.
También consideró que el accionar de Bustos Fierro es “netamente político. Yo creo que ha molestado mucho que un gremio como Luz y Fuerza no se haya sometido a la intención de privatización del Gobierno de Córdoba. Molestó el apoyo de alguna manera al Frente de Todos, a consecuencia de apoyo que tiene nuestra organización sindical referido al proyecto de viviendas en Jardín del Pilar”.
Casas Nóblega equipara la situación a la del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), intervenido en febrero de 2020. Sus líderes Mauricio Saillén y Pascual Catrambone estuvieron detenidos y están acusados de asociación ilícita y administración fraudulenta.
