NUEVA YORK.- Los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta), Fabiana Ríos (Tierra del Fuego) y Martín Buzzi (Chubut) habían dedicado casi una hora a explicar la decisión del gobierno argentino de expropiar YPF ante inversores y ejecutivos de Wall Street, en un almuerzo que los reunió en el Consejo de las Américas, y vivieron un momento de tensión ante la última pregunta.

«Soy Francisco Rabena, el cónsul de España en Nueva York, y quería darles la bienvenida a los gobernadores a esta gran ciudad», comenzó el diplomático español. Nerviosa, la presidenta del Consejo de las Américas, Susan Segal, lo interrumpió: «Una pregunta», le advirtió.

Fue el principio del primer choque público entre funcionarios españoles y argentinos luego de la intervención de YPF, una jugada que abrió una grieta en el profundo vínculo económico entre España y la Argentina.

Diplomático, Rabena dijo que compartía las dudas que había generado la decisión oficial acerca del respeto a la seguridad jurídica.

«El gobierno español respeta las decisiones tomadas por el gobierno argentino y el Parlamento. Pero tiene que volver a dejar claramente expuesta nuestra preocupación y desencanto por lo que ha sido una grave violación de la seguridad jurídica establecida por los propios argentinos», afirmó.

Segal volvió a interrumpirlo para pedirle que hiciera la pregunta.

Rabena accedió: «¿Qué medidas va a tomar el gobierno argentino para restablecer la seguridad jurídica que el gobierno mismo ha roto?».

El primero en responder fue Urtubey, el más moderado de los tres mandatarios, y el único que había intentado tranquilizar al auditorio, al reconocer los temores que generan «medidas extremas» como la expropiación de YPF. Aseguró que la iniciativa no se extenderá a otras actividades, porque no hay consenso para eso en el Congreso.

«La Argentina tiene la soberanía de modificar las normas y lo ha hecho a través de una ley. Esto quiero que quede muy claro», respondió.

Dijo, luego, que hay otras empresas españolas en la Argentina que no tienen inconvenientes y que el paso del tiempo y el sostenimiento de normas «permitirán que aquellos que han tenido lesionada su confianza la vean ratificada con el tiempo».

Buzzi, el más enfático al defender la decisión oficial (culpó a Repsol de vaciar YPF e incumplir contratos, y dijo que otras petroleras operan «de manera normal»), nombró a los bancos Santander y BBVA y a Telefónica como ejemplos del respeto por la seguridad jurídica.

«Todos siguen funcionando, poniendo, y el mundo sigue rodando. Y cada uno tiene que hacerse cargo de las decisiones que tomó, algunos por error, otros por omisión y el Estado argentino, tomando decisiones soberanas», apuntó. Afirmó que los lazos entre ambos países están mucho más allá «de alguna desavenencia con una empresa».

Ríos dijo que la decisión no tuvo nada que ver con la nacionalidad de la empresa, sino con los incumplimientos de los contratos.

Las respuestas marcaron el fin del almuerzo y algunos asistentes saludaron al diplomático español. «Mi pésame como argentino. Lo acompaño en el sentimiento, y que no caigamos todos en la misma bolsa», le dijo un ejecutivo argentino. «Animo, ánimo», respondió el español.

Al ser consultado por LA NACION acerca de la respuesta de los gobernadores, defendió a Repsol, al afirmar que había invertido más dinero del que había sacado, y fustigó: «A nosotros nos parece muy bien los lazos, pero hay algo más moderno que los lazos, que es la seguridad jurídica, las leyes. ¿La Argentina quiere ser moderna? ¿Quiere avanzar? Bueno, que respete su legalidad».

EE.UU.: “NO LE HACE BIEN A LA ARGENTINA” El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, volvió a cuestionar ayer la expropiación de las acciones de YPF en manos de la española Repsol. “No le hace bien a la Argentina”, dijo el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner. En esta ciudad esa operación ya empieza a vincular a la Argentina con las estatizaciones de Bolivia. De hecho, en la habitual rueda de prensa, Toner fue consultado por la posición de la cartera de Hillary Clinton frente a la reciente estatización que el gobierno del boliviano Evo Morales dispuso para la eléctrica española TDE. En su respuesta, el vocero puso todo en un mismo contexto de deterioro del clima de inversión.