El juez federal Sebastián Casanello decidió hoy que sean los tribunales federales de San Isidro, y no los de Comodoro Py, los que investiguen a Alberto Fernández y al resto de los acusados de haber violado la cuarentena con el festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez el 14 de julio de 2020, en pleno aislamiento estricto.

Casanello, que había delegado la investigación en el fiscal federal Ramiro González, se declaró incompetente. Lo hizo este mediodía, cuando le llegó el primer planteo para decidir en la causa. “No me es posible encontrar un extremo fáctico que justifique la competencia territorial de este juzgado”, afirmó el juez, que advirtió que, por ley, corresponde que intervenga el juez del lugar donde se cometieron los hechos que se investigan. A Olivos le corresponden los tribunales federales de San Isidro. “El lugar de la acción y del resultado es el mismo y no involucran a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, argumentó Casanello.

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El juez ordenó que el caso pase al juzgado de San Isidro “que por turno corresponda”. Ese juzgado, informaron fuentes judiciales, es el federal 2, a cargo de Lino Mirabelli, pero de todos modos la causa podría terminar en el 1, de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, porque ya tiene una denuncia por los mismos hechos. Arroyo Salgado, la exmujer del fiscal fallecido Alberto Nisman, había pedido que le enviaran el expediente de Comodoro Py “ad effectum videndi”; es decir, para ver qué había en esa causa. Hasta ahora, la jueza no había solicitado que Casanello se declarara incompetente. El juez lo hizo sin esperar un requerimiento.

El juez federal Sebastián Casanello (Agustín Marcarian/)

Casanello advirtió que “como premisa para el ejercicio de la jurisdicción”, antes de dictar un fallo, debía “analizar la competencia”. De ese análisis resultó que debía enviar el caso a San Isidro.

Lo que tenía para decidir era si hacía lugar al pedido de inconstitucionalidad que había planteado Stefanía Domínguez, una de las imputadas, contra los decretos de necesidad y urgencia firmados por Alberto Fernández para restringir la circulación por la pandemia. La causa investiga al Presidente y a los demás acusados por haber violado esa disposición y haber cometido así un delito penal.

El fiscal González dictaminó en contra del planteo de inconstitucionalidad y ahora será la justicia federal de San Isidro la que resuelva.

Gonzáles tiene, de todos modos, la posibilidad de apelar la declaración de incompetencia y llevar el tema a la Cámara Federal para tratar de evitar que la causa se vaya a San Isidro. La primera lectura que hacían hoy en el entorno del fiscal que que “como el Ministerio Público es uno solo, no habría un gran agravio” que justificara oponerse al cambio de jurisdicción. En la fiscalía dijeron a LA NACION que González está analizando el tema.

En su fallo de hoy, pese a que entendió que el caso le corresponde a San Isidro, Casanello no cuestionó la intervención que tuvo hasta ahora González en la causa. El fiscal pidió medidas de prueba, imputó a denunciados y dictaminó a favor de la continuidad del caso.