Norberto Oyarbide fue protegido y salvado no una sino varias veces por la política. El menemismo, el peronismo a secas, el kirchnerismo y, más recientemente, La Cámpora, se turnaron durante las últimas dos décadas en el Congreso o el Consejo de la Magistratura para que el siempre polémico magistrado conservara su estratégico juzgado federal en Comodoro Py, donde supo acumular algunas de las causas más sensibles para la política.

Pero fue la sesión secreta del Senado del 11 de septiembre de 2001, cuando el mundo no podía apartar aún la mirada de los escombros humeantes de las Torres Gemelas, la postal más evidente de ese vínculo estrecho del fallecido juez con el poder.

Aquella noche la Cámara alta, con el apoyo casi total del bloque del PJ, absolvió Oyarbide y le devolvió el cargo de titular del juzgado federal N°5, que había abandonado en mayo de 1998, primero por licencia médica y luego porque fue suspendido por la Cámara alta.

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Como informó ese día LA NACION, fue la bancada peronista, entonces al mando del sanjuanino José Luis Gioja, la que aportó mayoritariamente los 21 votos en contra de la destitución, que le permitieron a Oyarbide mantener sus fueros y su condición de magistrado. La posición en favor de condenar al juez fue sostenida también por 21 votos, aportados en su mayoría por el bloque de la UCR y los partidos provinciales aliados. Se necesitaban los dos tercios de los votos para condenar al juez, que a partir de esa noche ya no pudo ser juzgado en las tres causas en las que estaba imputado.

Durante toda la tarde previa a la sesión, en medio de la conmoción por el atentado en Nueva York, hubo dudas sobre la conveniencia de abrir el recinto. El peronismo logró imponer su postura de sesionar. Solo participaron 42 de los 69 senadores.

El trámite de la votación se cerró con una particularidad: el presidente del cuerpo, Mario Losada, anunció que había 21 votos para destituir al juez y 20 para absolverlo. Fue entonces que ingresó raudamente el senador Carlos Corach exigiendo votar. El voto del exministro menemista generó el empate final que no modificó el resultado institucional (de todos modos no se llegaba a los dos tercios), pero sí el comentario político: Oyarbide era uno de los jueces que integraba la famosa “servilleta de Corach”.

Oyarbide había sido acusado de seis cargos por la Cámara de Diputados: falta de ética por concurrir a un prostíbulo masculino (Spartacus), haber omitido denunciar el delito de promoción y facilitación de la prostitución y de tráfico de influencia por parte de su examigo Luciano Garbellano, haber incurrido en inconductas en su vida privada, e incurrido en enriquecimiento ilícito y presunto delito de amenazas contra el empleado de un restaurante de la Recoleta.

Tres jueces habían reclamado la destitución de su par para poder indagarlo por los delitos de amenazas, enriquecimiento ilícito y cohecho, cargo por el que ya había sido procesado entonces Garbellano.

Sin embargo, durante la sesión secreta en la que se debatió el caso, la mayoría peronista logró reducir esas acusaciones a un solo cargo: mal desempeño por actitudes y omisiones incompatibles con el decoro e insospechabilidad de conducta exigibles a un magistrado judicial.

Dentro del bloque del PJ, y pese a la insistencia de los legisladores identificados con el menemismo para que cambiaran su postura, tres senadores apoyaron la destitución: José Carbonell (Tucumán), Beatriz Raijer (Córdoba) y Osvaldo Sala (Chubut). El resto de los miembros presentes de la bancada peronista se inclinó por absolver a Oyarbide. Fue el resultado de un extenso debate en la reunión de bloque antes de la sesión. Allí el PJ decidió proteger al juez a partir del “beneficio de la duda” que muchos plantearon porque “no había pruebas suficientes, salvo su homosexualidad, para condenarlo”, dijeron los legisladores.

Es más, varios peronistas destacaron que no existían fallos de tribunales de alzada que hubieran revocado decisiones de Oyarbide, lo que impedía demostrar su mal desempeño en el cargo, y que los reportes financieros daban por tierra con la acusación por enriquecimiento ilícito.

Quienes votaron por la destitución apuntaron sus cuestionamientos a los cargos de conducta indecorosa incompatible con la función pública y de omisión de denuncia de prácticas de prostitución en un local público.

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Como recordó entonces el sitio Parlamentario, el “evidente estado de euforia de algunos senadores del PJ tras la absolución de Oyarbide fue destacado por la candidata a diputada nacional por la Alianza, Nilda Garré [a la postre ministra del kirchnerismo], quien dijo que ‘el Senado dio, una vez más, muestras de su decadencia y de su imposibilidad de constituirse en uno de los pilares de la República’”.

El sitio también recordó que el senador justicialista Jorge Yoma se pronunció en contra de la decisión de su bancada, aunque no partició de la sesión. “No es lo más saludable para la imagen que los ciudadanos deben tener de la Justicia”, consideró Yoma.