ROSARIO. “Los atentados tenían una lógica muy clara: quebrar las instituciones democráticas. Temíamos por las vidas de los jueces”, declaró el exministro de Seguridad de Santa Fe Maximiliano Pullaro, en el juicio que se realiza en Rosario contra la banda de Los Monos, acusada de perpetrar 14 atentados contra magistrados y edificios judiciales.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, con retenes de gendarmes y policías apostados en un radio de 200 metros alrededor del edificio de Centro de Justicia Penal (CJP), también declararon cuatro magistrados que fueron víctimas de los ataques.

Los testimonios de los jueces Ismael Manfrín, Marisol Usandizaga, Carolina Hernández y Gabriela Sansó se ciñeron a confirmar que las residencias atacadas tenían alguna relación con ellos. En todos los casos, ellos no vivían en los domicilios tiroteados a partir del 29 de mayo de 2018, pero los cuatro habían participado en causas ligadas a la banda narco.

Ariel Máximo Cantero, alias “Guille”, el principal acusado, siguió el juicio desde el penal de Marcos Paz, donde actualmente está alojado, pero en ningún momento decidió intervenir. Después de que testimoniara Pullaro, Fausto Yrure, abogado del líder de Los Monos, pidió al tribunal consultar a Cantero si quería hacer alguna consulta o pregunta al exministro de Seguridad de Santa Fe, pero luego de un breve receso desistió de esa posibilidad.

El dispositivo preventivo, con 270 policías desplegados y 70 patrulleros en torno al CJP y otros puntos bajo alerta, se extremó después de que el 19 de agosto, un día antes de que comenzara el juicio contra Guille y sus secuaces, dos hombres dispararon contra el edificio desde una moto.

La custodia dispuesta en ese momento no logró detener a los atacantes. La situación se tornó más tensa el viernes 20 de agosto cuando en el inicio del debate, Cantero dijo que se dedicaba a “encargar a sicarios disparar contra jueces”.

En la jornada de hoy, Pullaro fue el único que hizo una lectura política y social de la dimensión de los ataques. Los cuatro jueces que pasaron por el tribunal confirmaron sus identidades y qué relación tenían con los lugares que habían sido blanco de los atentados. Fueron declaraciones puramente formales, ajustadas al proceso. Nada más.

Esta serie de ataques contra blancos judiciales comenzó el día que Guille fue trasladado a la Unidad Penal 7 de Resistencia, Chaco, el 29 de mayo de 2018. Le siguieron 12 atentados a balazos.

Manfrín dijo que el traslado de Cantero a “otra provincia” había sido dispuesto por la Justicia federal y que él solo había avalado esa decisión. “No manifesté oposición”, aseguró el juez con un lenguaje cuidado. Dos residencias que habían pertenecido a este magistrado fueron atacadas el 29 de mayo de 2018, horas después de que se concretara el traslado de Guille a Chaco.

El magistrado admitió también que “después de los atentados balísticos [sic]” se excusó de intervenir en causas relacionadas con la banda de Los Monos. “La prensa atribuyó la autoría [de los ataques] a personas que yo había juzgado”, se remitió a afirmar Manfrín de manera escueta.

Manfrín integró, junto con Marisol Usandizaga, el tribunal que condenó a 22 años de prisión a Guille Cantero en abril de 2018. La magistrada también sufrió tres ataques en residencias que le pertenecen. Domicilios vinculados a las camaristas Hernández y Sansó también fueron blanco de los disparos.

Un día después de atentar contra dos residencias en las que había vivido Manfrín, Los Monos llamaron al 911 para sembrar terror. Un hombre fue el que lanzó las amenazas en nombre de la banda, según se difundió el lunes de la semana pasada en el juicio.

“Somos de la banda de los Cantero y a Los Monos suéltenlos, porque lo vamos a agarrar al juez. Al juez le reventamos toda la casa y lo matamos, lo vamos a secuestrar, esto lo estamos diciendo ahora en vivo”, dijo el hombre, que afirmaba ser parte de la organización criminal. La operadora telefónica del 911 le pidió que se identificara, pero el hombre insistió: “Suelten a todos Los Monos porque los matamos a todos, te estoy diciendo en serio, no jodan porque matamos a todos ustedes. Suelten a Los Monos”, afirmó un hombre que, según dijo, hablaba en nombre del peligroso clan narco.

Siete millones por mes en custodias

En su testimonio frente al tribunal, Pullaro admitió que por los atentados atribuidos a Los Monos “se temía por las vidas de los jueces”.

“Sentíamos que estas balaceras no tenían una lógica clara de a quién se podía atacar”, afirmó el exministro. Agregó: “Fue un momento de máxima tensión donde, como parte del Estado, del Poder Ejecutivo, sentíamos que se atentaba contra las instituciones democráticas de la provincia de Santa Fe”.

El exministro de Seguridad relató que la preocupación era tal que se dispusieron “un total de 300 policías para los operativos” de custodia y para prevenir las llamadas “balaceras”. Detalló que en cada tercio se habían dispuesto 100 agentes y que todo el plantel de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) estaba dedicado a la custodia por los ataques.

El fiscal Gastón Ávila le preguntó cuánto dinero erogó el Estado para garantizar esas custodias. El actual diputado provincial calculó que entre seis y siete millones de pesos por mes.

“Sentíamos que estábamos muy lejos de encontrar la lógica de los ataques. No tenía más recursos para poner porque se estaba descuidando la seguridad en la calle. Se trajo gente de otras unidades regionales”, explicó Pullaro.

El exministro de Seguridad afirmó: “Cada una de las balaceras generaba muchísima tensión entre los poderes del Estado, entre la Justicia, el presidente de la Corte, el Colegio de Magistrados. Nos pedían que los cuidemos porque estaban en juego sus vidas”, recordó.