Con la intención de disminuir el alto nivel de desempleo, el Gobierno se encuentra elaborando un importante paquete de medidas laborales, algunas de las cuales fueron impulsadas por el ex presidente Carlos Menem y rechazadas en su momento por los legisladores de la Alianza y por el ala sindical del peronismo.

La batería de propuestas, confirmada a La Nación por altas fuentes del Ministerio de Trabajo y por diputados de la Alianza y del justicialismo, intentará introducir, entre otras medidas, cambios en los contratos temporales y en las negociaciones colectivas de trabajo, nuevos esquemas de aguinaldo y vacaciones fraccionados en las pequeñas y medianas empresas (Pyme), amplios programas de monotributo y la instrumentación de nuevos planes de trabajo impulsados desde el Estado para la masa crítica de desocupados.

La reforma que impulsa el equipo del presidente Fernando de la Rúa se materializaría por medio de varios proyectos de ley y directamente por resoluciones emitidas desde el Poder Ejecutivo.

La semana última, el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, mantuvo reuniones informales con diputados del PJ y de la Alianza, a quienes adelantó algunos de los lineamientos principales de las propuestas laborales que se propone impulsar la cartera a su cargo y el ministro de Economía, José Luis Machinea.

Hoy, a las 18.30, el jefe del bloque de diputados de la Alianza, Darío Alessandro (Frepaso-Capital); el titular del bloque de la UCR, Horacio Pernasetti (UCR-Catamarca), y la diputada Margarita Stolbizer (UCR-Buenos Aires) se reunirán con el ministro de Trabajo para comenzar a acordar los puntos más conflictivos del paquete de iniciativas en materia laboral.

El listado de propuestas que se incluirán en proyectos de ley, con el fin de bajar el índice de desocupación (13,8%), abarcaría lo siguiente:

Negociación colectiva. Se propone eliminar paulatinamente los convenios de ultraactividad sellados en 1965 e impondría nuevos convenios colectivos de trabajo. La intención del Gobierno es que sea la instancia superior de negociación; es decir, la de los sindicatos con las cámaras empresarias, la que defina las nuevas reglas de juego entre empleados y empleadores.Período de prueba. El Ministerio de Trabajo intentaría llevar de uno a seis meses el período de prueba laboral. A su vez, podría extender ese período a un año, siempre que haya una rebaja del 12 por ciento de los aportes pa tronales.Vacaciones y aguinaldo. Se promovería para las pequeñas y medianas empresas (Pyme) un plan de vacaciones divididas en dos o más períodos y un programa de pago de aguinaldo fraccionado en cuatro partes anuales.Monotributo. Para las Pyme que tengan hasta cinco trabajadores se impulsaría un plan de aporte del monotributo compartido entre empleados y empleadores. De esta manera, los trabajadores tendrían acceso al sistema de prestación básica universal y a las obras sociales. A su vez, se prevé que el empleado que más aporte tendrá la posibilidad de obtener una mejor jubilación privada a futuro.Trabajo doméstico. El Gobierno promueve un sistema de cupones para que aquellas personas que trabajan en el servicio doméstico puedan acceder a una obra social mediante un aporte mensual.

Por otro lado, desde la Secretaría del Empleo, que encabeza el ex diputado frepasista Horacio Viqueira, se impulsará la unificación de todos los planes de trabajo y de capacitación.

De esta manera, el Ministerio de Trabajo pondrá en marcha un plan para los desocupados estructurales que apunta a dar trabajo transitorio en la obra pública y en el servicio comunitario (puestos en comedores escolares o en la atención sanitaria).

«La intención de los programas de empleo transitorio es que éstos ayuden a disminuir el desempleo y que no se conviertan en subsidios, sino en trabajo efectivo sin intermediación o clientelismo», expresó Viqueira en diálogo con La Nación . El secretario de Empleo dijo que «las medidas laborales que promueve el Gobierno ayudarán a disminuir el desempleo aunque en forma paulatina y no inmediata».

Las objeciones

Tanto en la Alianza como en el justicialismo se prevé que habrá importantes objeciones a las propuestas esbozadas por el Gobierno. Es que muchas de las medidas impulsadas fueron fuertemente rechazadas durante la gestión de Antonio Erman González, que estuvo al frente del Ministerio de Trabajo.

En su momento, tanto la eliminación de los convenios colectivos de ultraactividad como la ampliación de uno a seis meses del período de prueba y las propuestas para fraccionar el aguinaldo originaron una fuerte crítica de los peronistas de extracción sindical, de los radicales y de los frepasistas. Finalmente, el gobierno de Menem no pudo imponerlas.

La diputada Stolbizer fundamentó a La Nación su postura crítica a las propuestas del Gobierno al sostener: «No queremos que los empresarios sigan ahorrando costos y que los trabajadores paguen con una mayor precarización de sus empleos».

Por otra parte, Alfredo Atanasoff (PJ-Buenos Aires), ex titular de la Comisión de Trabajo de la Cámara baja, objetó la semana última las medidas laborales que impulsa De la Rúa en una reunión que mantuvo en el Congreso con el ministro de Trabajo.

El peronista sindical dijo que «con una reforma laboral como la que promueve el Gobierno se corre el peligro de precarizar aún más el trabajo».

Una encuesta que el jueves último publicó La Nación reveló que unos 600 empresarios están dispuestos a modernizar el mercado laboral y a negociar con los gremios sin la intervención estatal.