El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible amenazó con no dar nuevos permisos para la exploración de hidrocarburos en áreas offshore a empresas como la noruega Equinor, YPF, Shell o la British Petroleum. La medida no respondía al hecho de estar discutiendo la transición energética o estudiando alternativas más sustentables, como las granjas eólicas flotantes de la petrolera Royal Dutch Shell y la Scottish Power, o los “wind catchers” flotantes de la noruega Wind Catching Systems, que pueden generar cinco veces más energía anual que las mayores turbinas individuales del mundo, o la turbina mareomotriz más potente del mundo de la Orbital Marine Power, que desde el Centro Europeo de Energía Marina en las islas Orkney (Escocia) ha comenzado a suministrar energía a la red del Reino Unido.

La decisión se basó en la falta de un plan ambiental con objetivos de descarbonización -que hace tiempo debería haber sido elaborado por el Ministerio de Ambiente-. El retraso en la confección de este necesario plan muestra lo que, salvo contadas excepciones, es una constante: imprevisión, políticas meramente reactivas frente a conflictos ambientales coyunturales y la falta de una agenda ambiental a largo plazo, cuestión no menor después de conocerse el dramático pronóstico de la ONU respecto al cambio climático.

Pero también evidencia otra cuestión: la falta de una visión compartida dentro del propio gobierno respecto al rumbo a seguir. El Ministerio de Ambiente que “celebró” la prohibición de la salmonicultura en Tierra del Fuego o tildó de “inconcebible” lo que ocurre en Vaca Muerta, tomó la decisión de no otorgar los nuevos permisos sin consultar a otras áreas involucradas -como la Secretaría de Energía-, lo que generó fuertes internas. Mientras Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, argumenta que prohibir actividades productivas “es una decisión equivocada” -la Argentina registra los niveles más bajos de inversión extranjera directa desde la crisis de 2001- y promueve un desarrollismo verde a través de regulaciones y tecnologías amigables con el ambiente. La excepción a estos cortocircuitos estaría por la mesa interministerial (Agricultura, Producción, Cancillería y Ambiente) que está trabajando con el objetivo de firmar un acuerdo con China para desarrollar granjas de producción porcina en nuestro país para después exportarles la carne.

Pero vale la pena aquí considerar que el acuerdo se firmaría al tiempo que China tiene como objetivo convertir a su industria cárnica en tecnológicamente independiente de los grandes países productores de carne de cerdo del mundo.

¿A qué responde esta realidad de prohibir impulsivamente o “por si acaso” y ser más papista que el Papa? ¿Se basa en presunciones, en un principio precautorio, en un ecologismo utópico, en presiones de organismos internacionales de crédito ó de grupos ambientalistas? ¿En quedar bien con un Papa ecologista y peronista? ¿O lisa y llanamente la carencia de argumentos técnicos para sostener la sustentabilidad desde la ciencia? ¿Llegará el momento en que sean los funcionarios técnicos de carrera quienes decidan los lineamientos a seguir y no los funcionarios políticos?

Existen diferencias qué modelo de país se quiere y cómo se llega a él. La discrepancia entre desarrollo y protección ambiental genera un debate polarizado que necesita ser encauzado. Cada decisión gubernamental que se tome generará resistencia de algún sector. La falta de diálogo entre quienes tienen visiones diferentes nos hace ser militantes de verdades sesgadas. No será posible crear el futuro con discordancias. No habrá destino sin dialogo (interno y externo). El camino a transitar es arduo, pero se hace necesario encararlo de una vez por todas.

El ambiente, gran ausente en las propuestas eleccionarias, es mucho más que los carpinchos, nuevas personas no humanas que luchan por la recuperación de sus humedales ancestrales. Es un sector estratégico para integrarse al mundo y apalancar el desarrollo social y económico de nuestro país. Han cambiado los paradigmas, la política ambiental debe centrarse en la construcción de consensos previos a la toma de decisiones. Deben motorizase debates irresueltos propiciando el diálogo –basado en la ciencia y no sólo en la retórica–, acerca de qué lugar ocupan los recursos naturales en la matriz de desarrollo del país.

No sólo los cerdos, la vaca (¿muerta?) y los salmones dividen aguas (dentro y fuera del gobierno). Es necesario abordar, entre muchas cuestiones, si los recursos naturales son commodities que deben ser extraídos con rapidez para hacer valer el balance de pagos, si es posible hacer cumplir las leyes cuando el Estado es el principal socio en algunos emprendimientos, si es realista proponer a los acreedores el canje de Deuda por Naturaleza (DxN), por qué en la demora en la sanción de la ley de humedales o la dudosa aplicación de las leyes de glaciares y de Protección de Bosques Nativos, si es posible incinerar basura sin afectar la salud de la población, si es posible una minería sustentable y si es necesario autorizarla justo donde un proyecto de ley propone crear un Parque Nacional donde fue el Cruce de los Andes, la trazabilidad de la pesca y si hay solución para el descarte en el Mar Argentino, si se justifican la expansión de la frontera agrícola y la deforestación, si es viable la “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal” que busca alcanzar los U$S 100 mil millones anuales de exportación y generar 700 mil empleos adicionales, sin descuidar el entorno ambiental.

¿Son neoextractivismo, paquetes transgénicos, agrotóxicos, sojización, agricultura sostenible y buenas prácticas agrícolas, finanzas sostenibles y bonos verdes formas correctas de denominar a ciertas actividades o se invocan con alguna carga ideológica, intencionalidad política, deliberado alarmismo o como una estrategia de greenwashing y el socialwashing, según el caso? Vivimos en una época plagada de enfrentamientos sociales, políticos e ideológicos. En tiempos de ánimos exacerbados, los asuntos delicados y complejos deben ser abordados con sensibilidad y objetividad.

Discutir estas cuestiones es discutir qué modelo de país queremos. El desafío es desarrollarse ocasionando el menor daño posible. Es necesario resignificar la sustentabilidad implementando un proceso de ordenamiento ambiental participativo del territorio que nos permita decidir qué vamos a hacer, por qué, dónde y cómo. Que desarrolle las economías regionales. Discutir modelos vigentes de producción y consumo, calidad de vida, empleo e inclusión, el futuro de las comunidades locales, costos ambientales y sociales, regionalización, para, entre todos, encontrar caminos que se transiten con previsibilidad, reglas claras, límites precisos, controles estrictos y sanciones justas.

Ensayista. Exdirector general de la Reserva Ecológica Costanera Sur y exdirector general de la Comisión de Ecología de la Legislatura porteña