María Eugenia Vidal es un caso extraño. La razón de su traslado a la ciudad desde la provincia Buenos Aires para ser candidata sigue siendo un misterio para la opinión pública, donde provocó una reacción negativa entre los electores más fieles a Pro. A tal punto que a eso se debería la aparición anticipada de Mauricio Macri en la campaña. Es lo que pareció admitir Horacio Rodríguez Larreta. Dijo que la presencia del expresidente “suma”.

Aunque los que aseguran conocer al jefe de gobierno porteño no descartan que sea una muestra de supuesta malicia. En 2017, monopolizó el éxito del 49,55% que Elisa Carrió obtuvo en las PASO. Juntos podrían llegar a 51 puntos en las de este año. Pero Vidal retendría solo 35. El resto iría a las listas de Ricardo López Murphy (12%) y Adolfo Rubinstein (4%). Esa diferencia con Carrió le impediría a la exgobernadora constituirse en la sucesora natural de Rodríguez Larreta en la Capital.

Y también aspirar a una candidatura presidencial. Pasaría a depender de lo que les convenga a los líderes de Pro. Si confirmara la recuperación en su imagen, Macri podría ser uno: le permitiría arrogarse el rédito de representar lo opuesto a Cristina Fernández de Kirchner a lo largo del tiempo. Rodríguez Larreta es otro. El problema es que desea lo mismo que Vidal. Para eso designó a Diego Santilli candidato en la provincia, donde la intención de voto de Juntos no es inferior al 35% desde junio, similar al 34,19% conseguido por Esteban Bullrich en las primarias de 2017. Es decir que la amenaza de un resultado inferior fue disipada antes de que la exgobernadora confirmara su mudanza. A la crisis de los argumentos que podrían avalar esa decisión se suma la aparición de otros en contra. Santilli podría vencer a Facundo Manes por una ventaja holgada. Incidiría la vieja dificultad de la UCR para fiscalizar las PASO en la tercera sección. Es extraño.

Maxi Abad pactó con Martín Lousteau que Pablo Domenechini sea el primer candidato a diputado en esa región, para garantizarla, lo que irritó a Luis Otero. El dirigente de Avellaneda abandonó la actividad partidaria en disidencia con “las más altas autoridades”. Abad preside el radicalismo bonaerense. En esa situación, los intendentes de Brandsen y Avellaneda, Daniel Capeletti y Gonzalo Peluso, respectivamente, habrían solicitado boletas de Santilli. Seguramente habladurías. Igual que otras imputadas a los intendentes del PJ, referidas al aparente nerviosismo que exudaría La Cámpora con algunas determinaciones. Como la campaña montada por José Lepere para diferenciarse de Mariano Cascallares. El viceministro del Interior es candidato a primer concejal en la lista apadrinada por el intendente de Almirante Brown. La última aparición de Alberto Fernández resultaría funcional a la supuesta estrategia de achacarle una eventual derrota.

Prometió no traicionar a Cristina, Máximo y Sergio Massa. Ninguno participó del acto en Tecnópolis que encabezó el Presidente. Pero si se confirma el escenario de una victoria ajustada para cualquiera de las dos coaliciones será difícil que varíe demasiado la composición del Senado bonaerense. Juntos perdería la mayoría de 26 bancas sobre 46 y habría paridad con el oficialismo, que, sin embargo, se vería obligado a negociar los temas importantes vinculados al Poder Judicial.

El cargo de procurador es uno. Para removerlo se precisan los dos tercios del Senado. La política criminal del Ministerio Público obsesiona a Cristina: un efecto retroactivo de la gestión de Vidal que no pudo borrar su delegado, Axel Kicillof. Las causas más emblemáticas iniciadas en su gestión experimentaron avances inesperados. Otra rareza. La exgobernadora podría haber reivindicado esas acciones si fuese candidata en la provincia. Algo que no harían sus exsocios radicales.

Cuando estimaron segura la victoria de Manes exigieron a Pro el cargo de procurador general. Casi una sinfonía celestial para Cristina. Pero también para Daniel Llermanos. El 31 de agosto declaró en la causa en la que se lo acusa de coaccionar a Damián Lagaronne para beneficiar a Pablo Moyano en el caso por supuesta asociación ilícita con barras del club Independiente.

Llermanos se atribuyó ser víctima de una causa armada en su contra. Es decir: el delito por el que se lo investiga. La acción en su perjuicio involucraría también a dos viejos amigos: Silvio Carzoglio y Gabriel Vitale. Los departamentos judiciales del conurbano son desgajamientos del de La Plata. El de Quilmes y el de Lomas de Zamora son más antiguos que el de Lanús/Avellaneda, habilitado en el gobierno de Vidal como parte de los acuerdos parlamentarios con sectores del PJ.

Carzoglio es juez de Garantías de Avellaneda y Vitale, de Lomas de Zamora. Ambos tienen pedidos de juicio político trabados en la Legislatura bonaerense. Los dos intervinieron en la causa contra Pablo Moyano. La resolución que la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora adoptó el 8 de julio puede ser interpretada como un esfuerzo de la Justicia por restituir su credibilidad.

Tomás Bravo criticó las excusaciones de los 17 jueces que integran los fueros de Garantías, Responsabilidad Penal Juvenil y de Familia por eludir la causa Pay Diamond, en la que se investiga si Vitale falseó pruebas y documentación. “Más que el temor de parcialidad, parece imperar el temor de intervenir. Algunas de las circunstancias mencionadas para no hacerlo resultan irrisorias”, subrayó Bravo.

Vitale no puede prestar indagatoria si no se inicia el juicio político en su contra. La Sala 3 ordenó avanzar con otras dos medidas de prueba: los testimonios de Antonio Fornari, prosecretario de Vitale, y el exabogado defensor Fernando Améndola. La causa Pay Diamond investiga la estafa por unos 60 millones de dólares a unos 30.000 inmigrantes bolivianos en la Argentina con la compra de diamantes en la que aparece involucrada la feria La Salada.

La Justicia de Quilmes parece condicionada por el mismo reflejo. A pedido de Florencia Arietto, el fiscal general adjunto, Pablo Leguizamón, disolvió el bloqueo que impedía trabajar a los empleados de Construcción y Servicios Viales, una de las empresas contratadas para levantar el barrio cerrado Puerto Nizuk en Berazategui.

Ese es el método con el que Juan “el Lagarto” Olmedo presiona a empresas para que contraten trabajadores y subcontraten firmas que él representa a cambio de no interferir con su actividad. Olmedo fue delegado de la seccional Florencio Varela de la Uocra, de donde fue expulsado. Tiene al menos una decena de causas y denuncias abiertas por extorsión.

Los sobrecostos derivados de ese tipo de práctica en la construcción son estimados en un 40% sobre el valor total de los trabajos. Construcción y Servicios Viales fue la única firma de Puerto Nizuk que enfrentó un bloqueo. Arietto se especializa en defender a las que enfrentan esas dificultades.

Otra es Andar Transportes, cuyo depósito fue obstruido en julio de 2020 por un piquete en representación del Sindicato de Camioneros. El fiscal nacional Ignacio Mahiques citó a indagatoria por ese hecho a Omar Pérez, estrecho colaborador del clan Moyano en ese gremio. La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora sigue sin resolver el pedido de nulidad del fiscal Sebastián Scalera al sobreseimiento a Pablo dictado por la jueza Brenda Madrid. Otro efecto retroactivo de Vidal que Cristina no puede borrar. La política bonaerense es un territorio de incógnitas.