Alimentación. Qué puede cambiar con la ley de etiquetado frontal

Es una rareza saludable, una avanzada de la democracia imperfecta: el consenso político imponiéndose sobre el poder económico, en pos de un bien mayor. Cuando el etiquetado frontal de alimentos entre en vigencia, el paisaje cromático de las góndolas argentinas cambiará en forma dramática. Y, con él, nuestro conocimiento sobre las consecuencias de la dieta cotidiana. O, al menos, nuestra actitud; ya no podremos simular que no sabemos.

La bomba contra la salud pública que representan los procesados y ultraprocesados podría empezar a desactivarse con un sistema sencillo y directo, que despierta el elogio de las organizaciones que lo motorizaron y la ira de las empresas que la obstaculizaron. Se trata de un octógono negro con mayúsculas blancas que alertarán sobre los excesos de azúcar, sal y grasas en los alimentos y las bebidas sin alcohol, en línea con el Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.

Bajo esos parámetros, un alimento sobrepasa el límite recomendado si los aportes de sodio y energía son equivalentes, si la cantidad de energía proveniente de las grasas totales supera el 30%, si la que proviene de los azúcares o de las grasas saturadas supera el 10% y si la de las grasas trans es mayor al 1%. Todos los que incumplan esas condiciones llevarán el sello negro, cuya superficie no podrá ser menor al 5% del frente del envase. También habrá leyendas precautorias sobre la presencia de edulcorantes y cafeína, “no recomendables en niños/as”. El espíritu está claro: información cruda para una toma de decisiones autónoma.

Militancia vs. lobby

El acuerdo fue transversal el 13 de julio, cuando el proyecto de ley tuvo dictamen de mayoría en un plenario de cuatro comisiones de la Cámara Baja, después de la media sanción del Senado el 29 de octubre del año pasado. La unificación de 15 iniciativas de distintos partidos había requerido un trabajo de 10 meses, después del impulso –en la calle y en las redes– de una coalición de organizaciones como la Fundación Interamericana del Corazón, Consumidores Argentinos, el Museo del Hambre y la Federación Argentina de Graduados en Nutrición.

El sistema de la OPS es el más eficaz, precisamente, por ser el más directo y comprensible a simple vista.

Consciente Colectivo, un espacio de militancia socioambiental nacido al calor de la pandemia, activó con voluntarios que pegaron sellos octogonales en hamburgueserías, supermercados, la Casa Rosada y el Congreso. “Los ultraprocesados tienen a los transgénicos –el trigo, la soja, el maíz– como materia prima”, recuerda Mijael Kaufman Falchuk, uno de sus integrantes. “Es un correlato con el modelo agroindustrial que queremos discutir, para que comer bien no sea un privilegio”. Un modelo que, por ejemplo, en la web de Precios Cuidados para AMBA incluye apenas seis opciones de verduras y cinco de frutas, contra 15 gaseosas.

El poder de lobby de las grandes marcas se hizo notar. Una semana después de la media sanción, referentes de los tres bloques más importantes de diputados aceptaron reunirse con los CEO del sector alimenticio que buscaban frenar la ley. La mayor oposición llegó desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), que reúne a gigantes como Arcor, Cargill, Unilever y Mondelez. La ley “busca demonizar al azúcar, un alimento natural necesario en medida adecuada”, se quejó el presidente del Centro Azucarero Argentino, Jorge Feijóo.

Aunque la norma deja el azúcar afuera de los octógonos (al igual que los aceites y frutos secos), es un disparo al corazón de los productos que la usan de insumo, como gaseosas y galletitas. Por eso también hubo presiones desde la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, con productos cuya percepción pública podría empezar a cambiar sensiblemente. La avanzada se complementó con los “expertos”, que opinaban desde una supuesta neutralidad, pero recibían financiamiento de los integrantes de Copal.

Los alimentos azucarados incluso tuvieron aliados dentro de la política, como Juan Manzur (gobernador de Tucumán y ex ministro de Salud nacional), que ya en 2017 se había opuesto a un impuesto a las gaseosas. Pese a presidir la comisión de Acción Social y Salud Pública en Diputados, Pablo Yedlin (Frente de Todos) planteó que tenía conflictos de interés por venir de esa misma provincia. Fiel a su estilo sinuoso, el presidente de la Cámara Sergio Massa había jugado la carta de la prescindencia: “Los productores azucareros tienen que estar tranquilos, porque poseen un grupo de diputados que pelean por los intereses de Tucumán mucho mejor de lo que puede hacer el Gobierno nacional”.

Quienes se oponen al proyecto se centran ahora en cambiar los parámetros a partir de los cuales deberán incluirse los sellos o en implementar un sistema más “amigable”, como un semáforo que indique el contenido alto, medio o bajo de los “nutrientes críticos” (al estilo del Reino Unido), las “lupas” de advertencia que rigen en Brasil o los colores y letras usados en Francia. Carmen Polledo (PRO), compañera de comisión de Yedlin, criticó la “tentación autoritaria” de las advertencias negras y propuso “métodos menos agresivos y estigmatizantes”.

Kaufman Falchuk no tiene dudas: el sistema de la OPS es el más eficaz, precisamente, por ser el más directo y comprensible a simple vista. En países como México, Perú, Chile y Uruguay, ya demostró su capacidad para desalentar consumos dañinos. Al cierre de esta edición, las organizaciones seguían llamando a los despachos de los senadores para presionar por el tratamiento inmediato y sin modificaciones. Cuando la ley sea una realidad, seguirán de cerca el proceso de implementación, otra vez sujeto al juego de los lobbies.

De los sellos a las aulas

La ley propone una fuerte regulación sobre la publicidad dirigida a niños.

Como el etiquetado busca terminar con las tácticas de contrainformación y medias verdades que suelen inundar los envases, habrá un amplio campo de prohibiciones: leyendas con datos nutricionales complementarios, avales de sociedades científicas o asociaciones civiles, dibujos de personajes infantiles, imágenes de celebridades, juegos, promociones e invitaciones a eventos. La publicidad de los alimentos y bebidas con sello no podrá dirigirse a niños, niñas y adolescentes. Si no baja sus niveles de azúcar, el Tigre Tony tiene los días contados. La inclusión de celebrities como Messi, Lali o Tini, también.

Es una medida drástica para un escenario preocupante. “La falta de información clara en el etiquetado de los productos alimentarios empuja la epidemia de sobrepeso y obesidad infantil”, advirtió Unicef el año pasado. El 13% de los menores de 5 años argentinos tienen exceso de peso. Las cifras alcanzan el 41% entre quienes tienen de 5 a 17 años y el 68% en los mayores, según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud presentada en 2019. Junto a la obesidad, la presión arterial alta y la glucosa sanguínea elevada son los principales factores de riesgo derivados de la mala alimentación, responsables de 140.000 muertes anuales en Argentina (OPS, 2016).

“La población no llega al consumo mínimo aconsejado de frutas y verduras, no solo por clase y pertenencia social, sino por una cuestión cultural”, había recordado durante el plenario la diputada oficialista Jimena López. “La fortaleza de esta ley es poder trabajar el derecho a la información ciudadana, construida desde lo científico”. Cuando la norma entre en vigencia, el Consejo Federal de Educación deberá promover contenidos sobre nutrición en todas las escuelas del país. Las ONG imaginan una currícula con actividades basadas en las implicancias que tiene en nuestra salud lo que comemos, pero también lo que dejamos de comer. Saberlo y experimentarlo puede ser la llave para un futuro más saludable.