Se estima que por la caída económica producto de la pandemia en nuestro país 20 mil empresas cerraron y más de 200 mil personas perdieron su trabajo. Sin embargo, esa estadística deja afuera una realidad: la generación de ingresos de los profesionales de distintas especialidades que se vieron afectados por las restricciones y hoy no logran recuperarse.

En este marco, una de las profesiones más afectadas fue la de los abogados. Yendo al caso puntual de los abogados independientes, que carecen de un sueldo fijo a fin de mes y dependen pura y exclusivamente del funcionamiento del Poder Judicial, han sido directamente golpeados por el escaso funcionamiento de los tribunales durante el 2020 y 2021 sufriendo, sin que nadie los represente, los largos “tiempos procesales” del Poder Judicial.

Si bien mucho se ha avanzado con la digitalización de los expedientes, el sistema tiene un cuello de botella que recién ahora parecería empezar a abrirse con la vuelta a la presencialidad dispuesta por la Corte Suprema. Las imprescindibles audiencias testimoniales, en su gran mayoría han sido suspendidas primero por la situación sanitaria, y segundo por la falta de herramientas tecnológicas de los juzgados para llevarlas a cabo.

Esto ha generado que audiencias que debían tomarse en el 2020 han tenido que ser reprogramadas para el mejor de los casos hacia fines de 2021, y las que menos suerte han tenido fueron planteadas para junio de 2023, generando esto un golpe letal en la posibilidad de obtener ingresos en el mediano plazo, cortándose de esta manera con la famosa “rueda” que constituye el tiempo en que un abogado debe trabajar para poder vivir de la profesión dignamente.

Esto impactó directamente en que muchos abogados durante la cuarentena han tenido que cerrar sus estudios jurídicos para reducir gastos de alquiler, servicios, expensas, empleados, cochera, etc. Con el solo hecho de caminar por las calles que rodean a los Tribunales se ve notoriamente la diferencia de gente que circulaba previamente a la pandemia y la soledad de hoy.

El Estado tuvo que salir ayudar a los más desprotegidos del sistema y no pudo llegar a la inmensa mayoría de los profesionales que tenían ingresos medios y no han recibido beneficios significativos que oxigenen sus economías. Para peor, las Cajas de Previsión Social y los Colegios de Abogados parecen desconocer las necesidades, siguieron exigiendo el cobro de los aportes y las matrículas sin casi consideración alguna.

Existe una gran mayoría de los abogados que antes de la pandemia llegaban con dificultad a fin de mes por la alta inflación y la baja actualización de los honorarios. Esos colegas en los primeros seis meses de la pandemia han pulverizado sus ahorros por el nulo ingreso de su labor profesional y nadie los ha tenido en cuenta.

Para que una familia tipo se considere se clase media según el Indec necesita 103 mil pesos al mes, pensemos cuanto necesitaba un abogado que sostiene una familia con hijos para mantener los gastos de alimentación, educación, servicios, vehículo, alquiler de vivienda familiar, del estudio jurídicos, etc.

Siempre se habla del impacto de la pandemia en la cantidad de nuevos pobres, pero nunca se tiene en cuenta la movilidad social descendente de los profesionales de clase media que no ven un futuro esperanzador. Ni desde su profesión para la que se formaron ni del acompañamiento necesario para asistirlos, siendo víctimas ahora de la pandemia e históricamente de la inflación y los kioscos impositivos.

Director de El Monitor de la Justicia